La información de la «lista de vigilancia del terrorismo» del gobierno de Estados Unidos se comparte con más de 18.000 entidades estatales, locales, municipales, de condado, universitarias, tribales y federales, así como con 533 entidades privadas. Los datos también se comparten con más de 60 gobiernos extranjeros. Sin embargo, un juez federal sostuvo que la lista de vigilancia viola el debido proceso legal porque no notifica la inclusión o las pruebas en las que se basó la inclusión, y no hay oportunidad de refutar las pruebas.
Por Marjorie Cohn, integrante del Consejo Consultivo Continental.