El doble rasero del gobierno estadounidense se pone de manifiesto en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Por Marjorie Cohn , TRUTHOUT / Publicado el 30 de abril de 2023
El periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich comparece ante un tribunal en Moscú, Rusia, el 18 de abril de 2023.
SEFA KARACAN / AGENCIA ANADOLU VÍA GETTY IMAGES
El 3 de mayo de 2023 se celebra el 30° aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que Naciones Unidas estableció para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa. Pero mientras la administración Biden proclama la centralidad de la libertad de prensa en todo el mundo, su hipocresía al perseguir al periodista y editor Julian Assange es asombrosa.
La administración Biden expresó recientemente su indignación por el hecho de que Rusia detuviera al periodista Evan Gershkovich, de The Wall Street Journal, ciudadano estadounidense residente en Moscú, por ejercer el periodismo. Gershkovich está ahora encarcelado en Rusia, enfrentado a cargos de espionaje que podrían acarrearle 20 años de prisión. Acaba de denegarse su recurso para levantar la prisión preventiva y se le ha denegado una visita consular.
Mientras tanto, sin embargo, el gobierno de Biden sigue exigiendo la extradición del australiano Assange por obtener y publicar pruebas de crímenes de guerra de Estados Unidos.
Tanto Gershkovich como Assange son periodistas detenidos en un país extranjero acusados de espionaje por hacer lo que hacen los periodistas.
Assange lleva cuatro años encerrado en una prisión de máxima seguridad en Londres mientras el régimen del presidente Joe Biden sigue adelante con los intentos del expresidente Donald Trump de procesarle en virtud de la Ley de Espionaje. Si es extraditado, juzgado y condenado, Assange podría ser sentenciado a 175 años. Es el primer editor acusado en virtud de la Ley de Espionaje por revelar secretos de Estado. Su apelación está pendiente ante el Tribunal Superior del Reino Unido.
«El periodismo no es un delito»
El 30 de marzo de este año, 2023,, el Servicio Federal de Seguridad ruso anunció que había detenido a Gershkovich, alegando que «actuaba siguiendo instrucciones de la parte estadounidense para recabar información sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar-industrial ruso que constituye un secreto de Estado.»
«Estamos profundamente preocupados» por la detención de Gershkovich, dijo en un comunicado la secretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre. «La persecución de ciudadanos estadounidenses por parte del Gobierno ruso es inaceptable. Condenamos la detención del señor Gershkovich en los términos más enérgicos».
«El periodismo no es un delito», declaró Biden en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.
Asimismo, en una inusual declaración conjunta, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, pidieron a Rusia la liberación inmediata de Gershkovich. «El periodismo no es un delito», escribieron.
«Publicar no es un crimen»
El 28 de noviembre de 2022, The New York Times, The Guardian, El País, Le Monde y Der Spiegel firmaron una carta abierta conjunta instando al gobierno de Estados Unidos a desestimar los cargos de la Ley de Espionaje contra Assange por publicar secretos diplomáticos y militares clasificados.
«Publicar no es un delito», escribieron los periódicos. «El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a su persecución de Julian Assange por publicar secretos».
En 2010, esos cinco medios colaboraron con WikiLeaks, de Assange, para publicar el «Cablegate», consistente en 251.000 cables confidenciales del Departamento de Estado de Estados Unidos que «revelaban corrupción, escándalos diplomáticos y asuntos de espionaje a escala internacional». Según The New York Times, los documentos revelaban «la historia sin ambages de cómo el gobierno toma sus decisiones más importantes, las decisiones que más cuestan al país en vidas y dinero».
La acusación de Assange también se basa en la revelación por parte de WikiLeaks de los «Registros de la Guerra de Irak», que eran 400.000 informes de campo que relataban 15.000 muertes de civiles iraquíes no denunciadas, y las violaciones, torturas y asesinatos sistemáticos después de que las fuerzas estadounidenses «entregaran detenidos a un notorio escuadrón de tortura iraquí». La acusación se deriva también de la publicación del «Diario de guerra afgano», consistente en 91.000 informes sobre un mayor número de bajas civiles cometidas por las fuerzas de la coalición del que había informado el ejército estadounidense.
Además, el vídeo de 2007 «Collateral Murder» (Asesinato colateral) muestra cómo un helicóptero de ataque Apache del ejército estadounidense apunta y mata a 11 civiles desarmados, entre ellos dos miembros del personal de noticias de Reuters y un hombre que acudió a rescatar a los heridos, y cómo hiere a dos niños. Este vídeo contiene pruebas de tres violaciones de las Convenciones de Ginebra y del Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos.
Congresistas piden que se retiren los cargos contra Assange
En el cuarto aniversario de la detención de Assange, los representantes demócratas Rashida Tlaib (Michigan), Jamaal Bowman (Nueva York), Cori Bush (Misuri), Greg Casar (Texas), Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), Ilhan Omar (Minnesota) y Ayanna Pressley (Massachusetts) enviaron una carta al fiscal general Merrick Garland. Instaron al Departamento de Justicia a afirmar la protección de la Primera Enmienda a la libertad de prensa retirando los cargos contra Assange y retirando la solicitud estadounidense de extradición del Reino Unido.
«La libertad de prensa, la libertad civil y los grupos de derechos humanos han sido enfáticos en que los cargos contra el Sr. Assange representan una amenaza grave y sin precedentes para la actividad periodística cotidiana, constitucionalmente protegida, y que una condena representaría un revés histórico para la Primera Enmienda», escribieron los siete legisladores.
Citaban una carta firmada por la Unión Americana de Libertades Civiles, Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch, Defending Rights and Dissent y el Comité para la Protección de los Periodistas, que escribían: «La acusación contra el Sr. Assange amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descripta en la acusación es una conducta que los periodistas llevan a cabo habitualmente, y que deben llevar a cabo para realizar el trabajo que el público necesita que hagan».
Esa conducta incluye hablar regularmente con las fuentes, solicitar aclaraciones o documentación adicional, y recibir y publicar documentos que el gobierno considera secretos. «Un precedente de este tipo en este caso podría criminalizar de hecho estas prácticas periodísticas comunes», señalaron los grupos de derechos humanos.
La carta de los representantes citaba la oposición al procesamiento de Assange por parte de líderes de todo el mundo, como el primer ministro australiano, Anthony Albanese, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente argentino, Alberto Fernández, así como el ex relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović. Los representantes estadounidenses también hicieron referencia a cartas similares de legisladores del Reino Unido, Australia, Alemania y Brasil.
El gobierno de Biden no tiene derecho a oponerse a la detención de Gershkovich por parte de Rusia. «Mientras continúe el caso contra Assange, será una espina clavada en el costado del gobierno de Estados Unidos, y socava los esfuerzos de Estados Unidos para defender la libertad de los medios de comunicación en todo el mundo», ha declarado Rebecca Vincent, directora de operaciones y campañas de Reporteros sin Fronteras.
Para el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, estaban previstas varias manifestaciones en todo EUA para pedir el sobreseimiento de los cargos contra Assange y la retirada de la petición de extradición de Estados Unidos.
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MARJORIE COHN
Marjorie Cohn es profesora emérita de la Facultad de Derecho Thomas Jefferson, ex presidenta del Gremio Nacional de Abogados y miembro de los consejos consultivos nacionales de Assange Defense y Veteranos por la Paz, así como de la oficina de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas (e integra el Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas/AAJ) . Entre sus libros figuran Drones and Targeted Killing: Legal, Moral and Geopolitical Issues. Es copresentadora de la emisora de radio «Law and Disorder».